El repunte de violencia en la provincia de El Oro se produce días antes del inicio de operaciones coordinadas con Washington, que incluyen apoyo logístico, militar y de inteligencia para recuperar el control de las zonas más afectadas.
Cinco personas fueron asesinadas el miércoles en un ataque armado en la zona fronteriza del sur de Ecuador, un nuevo episodio en la espiral de violencia que vive el país desde 2021 y que se atribuye a la expansión de grupos criminales vinculados a cárteles de Colombia y México. Las víctimas, todos hombres, viajaban en un vehículo cuando fueron emboscadas por sujetos armados en la población rural de La Cuca, en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. Según el jefe policial de Huaquillas, coronel William Reinoso, el ataque estaría relacionado con una disputa territorial entre bandas, respaldada por panfletos amenazantes hallados durante los registros posteriores. Dos personas presuntamente implicadas fueron detenidas horas después.
El ataque ocurre en un momento especialmente delicado para el gobierno ecuatoriano, que se prepara para lanzar el 15 de marzo una ofensiva de gran escala contra el crimen organizado en varias provincias del país, incluida El Oro. La medida incluye un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 en El Oro, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y forma parte de un plan más amplio que Ecuador ejecutará con apoyo de Estados Unidos. Washington ha enviado aeronaves militares a la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, y ha desplegado personal especializado en operaciones antidrogas y contra el narcoterrorismo, en el marco de la Coalición Anticárteles de las Américas, firmada con 17 países de la región.
El presidente Daniel Noboa ha mantenido reuniones con altos mandos del Comando Sur estadounidense, incluido el general Francis Donovan, para afinar los detalles de las operaciones conjuntas, que incluirán apoyo logístico, inteligencia, vigilancia aérea y asistencia técnica en zonas críticas. El ministro de Gobierno, John Reimberg, exhortó a la población de las provincias afectadas a permanecer en sus viviendas durante el toque de queda, asegurando que la ofensiva será “contundente” y estará dirigida a desarticular estructuras criminales que han ganado terreno en los últimos años.
En paralelo a este despliegue, Estados Unidos inauguró este miércoles en Quito su primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador, mediante un memorando de entendimiento suscrito con el Ministerio del Interior. El acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y agilizar la asistencia en investigaciones de alto perfil.
La ceremonia contó con la participación de la vicepresidenta María José Pinto; el ministro Reimberg; el encargado de negocios de EE.UU., Lawrence Petroni; y el agregado regional del FBI, Allen P. Pack. Hasta ahora, Ecuador dependía de la oficina regional del FBI en Bogotá para coordinar casos complejos, como el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la explosión de un vehículo cerca del Mall del Sol en Guayaquil o el proceso de extradición de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’.

La nueva sede permitirá profundizar el intercambio de inteligencia y mejorar la capacidad conjunta para identificar y desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas y financiamiento del terrorismo. Para ello, agentes estadounidenses trabajarán con una unidad especializada de la Policía Nacional, integrada por agentes ecuatorianos seleccionados tras rigurosos controles internos.
La cooperación se intensifica tras la reciente designación de grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, lo que ha permitido el despliegue de recursos y especialistas en antiterrorismo por parte de Washington. Según Pack, esta clasificación facilita actuar contra estas bandas en ambos países, especialmente sobre sus estructuras financieras.
Con esta apertura, Ecuador se suma a la red de oficinas del FBI en Sudamérica, que incluye sedes en Colombia, Brasil, Argentina y Chile.
La violencia en Ecuador ha aumentado de forma sostenida desde 2021, impulsada por la fragmentación de bandas locales, la disputa por rutas de narcotráfico y la penetración de organizaciones transnacionales. El ataque en Arenillas refleja la complejidad del escenario: una frontera porosa, presencia de grupos armados y una competencia feroz por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas y mercancías ilícitas.
La ofensiva del 15 de marzo se perfila como uno de los mayores despliegues de seguridad en la historia reciente del país. El gobierno ecuatoriano confía en que la cooperación con Estados Unidos marque un punto de inflexión, aunque expertos advierten que la efectividad dependerá de la continuidad de las operaciones, del fortalecimiento institucional y de la capacidad del Estado para sostener el control territorial una vez concluido el despliegue militar.